Levantamiento del Común y el Pacto de Los Chañares
Este acontecimiento probablemente sea el más importante acontecido en el valle de Traslasierra durante la época colonial. Si bien no es el reclamo o levantamiento más antiguo de la casta criolla por poder político, la firma del Pacto de Los Chañares hace la diferencia ya que reconoce este reclamo y les dio a los
comuneros de Pocho una breve victoria. Para comprender el contexto y los detonantes del conflicto haremos un breve repaso del conflicto con las Reformas Borbónicas y la división de la casta gobernante en Córdoba antes de desarrollar el tema que nos ocupa.
Contexto en las Reformas Borbónicas:
El imperio español a fines del siglo XVIII estaba en decadencia como potencia, llevaba grandes gastos en guerras con otras potencias, las cuales la mayoría perdía, sumando a esto está el agotamiento de la plata del Potosí, las reformas Borbónicas en el siglo XVIII implementaron milicias permanentes, un aumento impositivo general y un mayor control de la metrópoli a sus colonias enviando autoridades políticas directamente de España dejando a criollos hijos de españoles nacidos en América sin posibilidad a acceder a cargos políticos. Esto generará muchos conflictos en la América española.
Contexto con la casta española gobernante:
A partir de 1740 se termina la institución pre-capitalista de “Merced” y se abre la posibilidad compra de tierras de personas de otros reinos de España además de Castilla, incluso de otros países. A Córdoba llegan nuevos españoles ricos que adquieren grandes latifundios de tierras, pero se ven complicados para acceder a cargos políticos por los españoles descendientes de conquistadores que conservaban el poder, aunque sus riquezas no eran comparables con estos recién llegados. Aquí empezó una lucha por el poder entre la tradicional clase política y los nuevos españoles ricos, derivando en una fractura en dos oligarquías: la del poder político y la del poder económico.
Detonantes del conflicto en Pocho:
El pueblo venía sufriendo grandes injusticias por parte del Juez Pedáneo Don José Tordesillas y el Maestre de Campo Don José de Isasa. El primero a la hora del cobro de impuestos siempre recurría a malos tratos y amenazas con llevar familias a la frontera con los violentos indios de la Patagonia; en cuanto al segundo, como autoridad militar, a los milicianos de Pocho exigió un pago para la adquisición de armas y caballos para la compañía, los cuales nunca se compraron. Ante toda esta situación la gota que rebalsó el vaso fue cuando las autoridades eclesiásticas remplazaron al Cura Simón Teodoro Funes, quien era muy querido por los lugareños, quienes rechazaron al cura interino Bernabé Moreno y al nuevo cura Alberto Guerrero. Estos actos fueron visto como atropellos por parte de una clase política extranjera que desconocía las situaciones de la gente lugareña. Esto en 1774 detonó en que los milicianos de Pocho apresaran al Maestre de Campo Isasa junto con dos de sus capitanes, al alcalde de la Santa Alianza Don Juan Tomas Olmedo y al Juez pedáneo Tordesillas; enviaron una nota en marzo de 1774 al Cabildo de Córdoba pidiendo la destitución de estas autoridades y la restitución del Cura Funes.
Ante esto surgieron todas las alarmas y pasó a manos de un caso Militar, por lo que la Junta de Guerra de Córdoba se reúne el 10 de abril ante la in-subordinación y la captura del Maestre de Campo Isasa; esta decide enviar al Maestre de Campo de Plaza Don Juan Tiburcio de Ordoñez junto con 53 hombres, llegando el 23 de abril con la orden de calmar los ánimos e identificar a los cabecillas del levantamiento.
Por su lado el levantamiento no se quedó quieto y consiguió el apoyo de los caciques de Nono y Salsacate, reuniendo más de 300 milicianos insurrectos encabezados por el Sargento Mayor Basilio Quevedo, aunque siempre se habló desde el “Común” (termino que también era sinónimo de “vecinos”), despersonalizando el levantamiento. También el Cap. Matías Cornejo, el Tte. Santiago Murúa y un mendocino de apellido Lara, junto a 25 hombres armados se dirigieron a San Luis de La Punta que estaba en la jurisdicción de la Capitanía General de Chile para prevenir que en el caso de una fuerte represión pedir a las autoridades de allí pidieran por voluntad de los lugareños reclamen el territorio en detrimento a la Provincia de Tucumán.
Fueron varias cartas que fueron y vinieron entre Ordoñez y el Común. Todas con un lenguaje muy correcto, cuidadoso y confirmando la lealtad al Rey de España, pero pidiendo que las autoridades locales sean lugareños conocedores del lugar y su gente. Para apaciguar las aguas y con la condición que el Común deponga las armas, Ordoñez acuerda una reunión en el paraje de Los Chañares, muy cercano a Pocho, donde se firma el pacto que está compuesto por 8 puntos:
En primer lugar, el Comun pide que Isasa y Tordesillas sea desterrado del valle.
Se acuerda que no ha de gobernar este valle ningún europeo exceptuando sin perjudicar la autoridad del Cabildo.
No habrá Maestre de Campo en el valle.
Que el Sarg. Mayor Quevedo sea quien designe a los capitanes de las milicias.
Que los capitanes locales tengan autoridad junto con el Juez Pedáneo a la hora de resolver conflictos de las familias locales.
Pide que el Sarg. Mayor Don Diego Moreno no pudiera ejercer ningún cargo.
Que se le otorguen las armas y caballos pagos y encargados a Isasa.
Se le otorga al Común el perdón y no se levanten cargos a ellos, sino que se lo culpe a Isasa por lo acontecido.
El pacto fue firmado el 28 de abril de 1774 por las dos partes y se finalizó la reunión con un “Viva el Rey”, el común entregó sus armas y se retiraron a sus casas. El manejo del lenguaje de los escritos denota un importante conocimiento no solo legal, sino también político de parte de los miembros del Común. Este acuerdo otorga mucha autonomía de gobierno en el valle, algo impensado para la Córdoba Colonial.
Ordoñez envió copia del tratado a Córdoba con descripciones al respecto alegando que sus tropas eran inferiores en número y en capacidad para confiarlas en combate. El Cabildo notificó a la provincia mientras Ordoñez permanecía con sus tropas en La Ciénega de Salsacate hasta mediados de Julio haciendo actas notificando “juntas” y manifestando que no se respetaban el tratado y que el conflicto aún no había concluido. El común mostró entre sus miembros diferencias y parte de ellos comenzó a desobedecer a Quevedo, dando razones a Ordoñez de afirmar el incumplimiento del pacto.
El Gobernador de Armas Don Benito Acosta determinó que El Común había roto el acuerdo y envió a reclutar con amenaza de multa a hombres de La Higuera, Los Pozos, Guaico Venturoso, Piedra Blanca, Los Cerritos y Las Totoras, para pacificar a los sediciosos. Quevedo ante esto no está dispuesto a acatar órdenes de Acosta, por lo que reúne sus fuerzas de entre 150 y 200 hombres, los cuales se dirigen a Ambul, se remontan a la Pampa de Achala y bajan en Alta Gracia hasta llegar a las puertas de la ciudad de Córdoba en el campo de la Tablada el 5 de agosto. La ciudad estuvo en alerta llamando a todos hombres a estar atentos a las campanas del cabildo para presentarse con sus armas.
Quevedo con algunos de sus lugartenientes ingresan a la ciudad desarmados para hablar con las autoridades del Cabildo, pero aquí fueron apresados a traición y humillados. Algunos logran huir y el resto son defendidos por el abogado Dalmacio Belez y logran la libertad después de largo tiempo en prisión. El levantamiento se disuelve y las autoridades anteriores se restituyen, las cuales actuaron de forma vengativa con los miembros del común confiscándole tierras y animales.
En este acontecimiento hay que destacar que no hubo una inmediata represión por parte de los españoles gobernantes del cabildo de Córdoba, ya que estaban más centrados en sus peleas por el poder y por las propiedades rematadas tras la exultación de los Jesuitas. Esto se denota con el posterior levantamiento similar pero más pequeño en Ischilín que fue rápidamente reprimido, aunque también hay que tener en cuenta que tener en cuenta que la represión a 300 milicianos no es cosa sencilla.
Profesor Rodrigo Navarro Akiki
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